La sistematicidad en la muerte de líderes y
lideresas sociales no es atribuible a la existencia de un comité nacional, como
en los tiempos en que Carlos Castaño se reunía en una terraza en Medellín (para
que no los grabaran) con nueve ilustres patriarcas paisas que le ordenaban al
capo sicarial a quién debería hacer asesinar esa semana: o a Bernardo
Jaramillo, o a Carlos Pizarro, o a Héctor Abad Gómez, etc. Era muy VIP el club
de las víctimas potenciales. Había ya un reguero de muertos regionales anónimos
cuando se pusieron en modo magnicidio. Pero eso ahora —y hasta el momento— es
muy distinto y menos exclusivo: como han nacido nuevos derechos en comparación
con los existentes por entonces, y en todas partes hay quienes los reclaman con
un lenguaje inédito: que no al fracking, que sí a los LGBTI, que no a la gran
minería, que tampoco al glifosato, que cuidado con afectar el páramo, que vamos
por las 16 circunscripciones, y así sucesivamente, incluyendo el más clásico de
los derechos, que es el de la tierra —que el Estado debe resolver mínimo y por
el momento con la adjudicación de tres millones de hectáreas—, ahí no cabe un
comité nacional para matar. No se daría abasto. Entonces, los villanos le han
dado autonomía a esa estructura homicida creando una nueva generación de
víctimas. Y, por supuesto, promoviendo una nueva generación de asesinos. Solo
que éstos operan con esquemas organizativos viejos: que “las Águilas Negras”,
que las “Autodefensas Gaitanistas”, para darse una reputación digamos que
“nacional”, cuando son apenas lugareños. Puede que el método empleado contra
Dimar Torres (ex-Farc) en el Catatumbo sea el mismo que operó contra Ánderson
Pérez (ex-Farc) en el Cauca y el bebé Samuel David González Puschaina en La
Guajira, hijo de excombatientes wayuus. En estos tres casos, más los otros 133
crímenes de que han sido víctimas los excombatientes por toda la geografía
colombiana, es obvio un tinglado de exterminio de una facción, bastante
numerosa, del ejército que odia el Acuerdo de Paz.
En cambio, una muerte como la de María del
Pilar Hurtado involucra a una familia local a la que pertenece el alcalde de
Tierralta, pues la víctima esta vez reclamaba, junto a cinco personas más, un
pedazo de tierra de propiedad del papá del alcalde. Tres de esos reclamantes,
incluida María del Pilar, estaban en la lista negra de las “Autodefensas
Gaitanistas”, solo que a ella en el panfleto se referían de manera procaz sin
dar su nombre. Así actúan los “poderes locales”, que funcionan por todas partes
en donde hay liderazgos que pelean el derecho al medio ambiente, a la igualdad
de género, a la adopción entre parejas del mismo sexo, a la erradicación
manual, al porte de la dosis mínima, a la venta ambulante de empanadas y
frutas, a la reconstrucción de la memoria audiovisual de víctimas antiguas (UP)
y, según se vio el viernes, a festejar el Día Mundial de la Patineta.
¿Hay acaso un manifiesto teórico que convoque,
subliminalmente, a la eliminación física de quienes defienden tantos derechos?
Claro que sí: son los discursos descompuestos y embusteros del CD, del jefe
para abajo, en el Congreso, por televisión y por las emisoras. Cualquier
proyecto para disminuir la matanza en las comarcas de este reino tiene que
comenzar por apagar el fuego que esa arma de destrucción masiva atiza desde el
Capitolio.
Por: Lisandro Duque Naranjo