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Hasta el infinito no, por favor

Hace poco le escuché decir lo siguiente a Olimpo de Jesús Sánchez, alias Cristóbal, exjefe del Ejército Revolucionario Guevarista, desmovilizado en 2008: “En seis años, solo he contado un 20% de mi historial. ¿Cuánto me falta para contar el 80% restante?”.
Haciendo cuentas así por encima, me dan 24 años todavía para que el expediente de este ex guerrillero pueda cerrarse. El mismo agregaba, en visita que les hicimos a los presos de la cárcel de Itagüí un grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz, encabezados por Piedad Córdoba: “De aquí a eso, las versiones libres tendrán que escuchárselas a mis nietos”.

Apenas obvio deducir que si ese es el caso de un solo hombre, jefe de una guerrilla pequeña, ¿cuántos años tardaría el procedimiento para zanjar el asunto con las docenas —¿o centenares?— de insurgentes de las Farc y el Eln, si éstos se acogieran a un proceso judicial, hipótesis que ellos, obviamente, no aceptan? No me caben esos números en mi calculadora. Y menos si se les agregan los juicios en que están incursos, hasta el momento apenas, los uniformados institucionales. Y los parapolíticos. Y los paras. El Alemán, presente en esa misma reunión en Itagüí, nos dijo: “Hay 1.195 horas de grabaciones con nuestras versiones libres, de las que no ha vuelto a saberse nada. En ellas damos los nombres de militares, empresarios y funcionarios (incluidos expresidentes) que nos apoyaron”.

De tan abrumadores datos, es forzoso enfatizar lo de muchos empresarios, de quienes todo el mundo sabe que han sido un elemento activo en la sangría nacional, y que han gozado de un fuero de impunidad que en breve va a extinguírseles. Confiemos verlos pronto compareciendo en el búnker.

Sigo con lo que venía: nada más pensar que solo esta semana —29 años después del holocausto del Palacio de Justicia— los tribunales confirmaron la condena contra el general Arias Cabrales, se me vuelve exponencial el cálculo acerca de las centurias que de aquí en adelante coparían la agenda de la rama judicial. Ni Kafka le daría la talla. Se imagina uno a un juez del año 2130, en un desvencijado edificio del siglo XXI, preguntándole a un tataranieto de doña Paloma Valencia, a propósito del biznieto de algún insurgente muerto hace ya cuatro generaciones: “¿Contra la impunidad de qué milenio es que funda usted su reclamo?”.

Astuta lógica la de esas personas que reclaman una solución exprés, con acta de rendición incluida de una de las partes —habiendo muchas más, a las que ellas pertenecen—, para una guerra ancestral que ha creado tantos atavismos en los últimos 66 años.

Es de festejar entonces que un científico del derecho como el fiscal Eduardo Montealegre haya encendido una luz en medio de este mazacote, proponiendo, en entrevista concedida a El Tiempo el domingo pasado, no atenernos a ningún modelo hasta el momento existente de solución a un conflicto armado. Es que todos, en duración, nos quedan chiquitos. El acumulado de conductas patológicas, de reflejos bárbaros, de nuestra sociedad, no puede resolverse con un tratamiento de baranda, como muchos quisieran, pues eso nos convertiría en una república de reos hasta el infinito.

Plantea el fiscal Montealegre, en síntesis, darle un cierre político, respetando los estándares internacionales de justicia, a este desangre que cumple ya tantas décadas corroyéndonos la conciencia, la cotidianidad, la calidad de vida y las posibilidades de insertarnos en la civilización con el alma más ligera.

“Mediante macroprocesos…” (…) “con base en justicia transicional que conduzca a cosa juzgada…” (…), “con investigaciones de contexto que expliquen el origen del conflicto y eliminen sus causas…”. Y por supuesto, luego de esclarecer “las responsabilidades de las organizaciones y personas que rodearon a los actores del conflicto”. Ha dicho.
Lisandro Duque Naranjo