Que
no hay por dónde andar, que la movilidad está colapsada, argumentos de esos.
Poco a poco, sin embargo, se fueron haciendo a la idea de esa muchedumbre
poderosa y cotidiana, sobre la que no lograron convencer a nadie que se trataba
de empleados distritales, aunque seguían diciendo que no pasaba de cinco mil u
ocho mil personas. Les faltaron por contar unos 35 o 40 mil manifestantes,
hasta que se dieron al dolor, y pasaron a ingeniarse otro motivo de preocupación:
que el balcón del Palacio Liévano, desde el que Petro arengó cuatro, cinco días
seguidos, iba a caerse. Entrevistaban a arquitectos, a expertos en resistencia
de materiales, y sí, todos coincidían en el pronóstico: ese segundo piso se iba
a ir al suelo, a causa del peso de tanto personal que intervenía: Aída Avella
ayer, César Pachón hoy, un indígena Nasa mañana, una trabajadora sexual luego.
Pero nada que eso se desplomaba. Luego confiaron en el repliegue decembrino, en
que la gente se iba a ir a lo suyo, los aguinaldos, la natilla, pero qué va:
esa plaza volvía a coparse hasta la medianoche.
Cuando
el alcalde, en una de esas noches, le dijo a la multitud que lo esperara
mientras iba al día siguiente a Washington a denunciar al procurador ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acabaron los argumentos sobre
la inminente caída del balcón —especie de muro de Berlín que al final quedó
intacto—, y lo “jurídico”, lo “institucional”, se apoderó del lenguaje, con
alusiones tipo “eso es violatorio de nuestra soberanía” o “la justicia
colombiana funciona bien, para qué tribunales de afuera”, etc. Como Canal
Capital cumplía con su concepto contemporáneo de cubrimiento noticioso, in
situ, y nos transmitía esos acontecimientos tumultuosos que de otra manera
hubieran pasado desapercibidos, desde luego le querían pegar su empapelada a su
gerente, Hollman Morris, al igual que cuando llevó las cámaras al concierto de
Paul McCartney. Qué culpa tiene ese canal de que un hecho histórico le ocurra
en casa.
El
10 de enero se reanudó la movida popular en la plaza, y a poco andar, una
sentencia de un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca pidió
suspender provisionalmente la destitución del alcalde. Empezaron entonces a
trabajar esos periodistas de profundidad de las cadenas de radio y televisión,
hasta que encontraron a una parienta del magistrado ponente empleada como
“asistente administrativa” en la Empresa de Acueducto de Bogotá, desde hace un
año. El país no se estremeció propiamente ante esa revelación acerca del primo
hermano del cuñado de la mujer del músico. Un oso.
En
cuanto a las secciones de farándula, ventilaron el hecho de que al doctor Julio
César Ortiz lo quieren sacar de la presidencia del Club El Nogal por ser el
abogado de Petro.
Y
como para cerrar semana, brotaron hasta debajo de las piedras, a favor del
alcalde, un mundo de tutelas interpuestas y falladas por los más disímiles
accionantes y jueces, lo que ha exaltado la imaginación lexicográfica de
nuestros medios, con neologismos como “maremágnum jurídico”, “galimatías
judicial”, “hipertutelatón” y cosas por el estilo. Puros periodistas al borde
de un ataque de institucionalidad. En una emisora, ya le están echando a Petro
la culpa por la congestión en los juzgados, lo que, a juicio de quien lo
afirmó, “hará que se mueran muchos pacientes en las afueras de los hospitales”.
Por Lisandro Duque Naranjo