El bobierno
está jugando con candela desde cuando se produjo el fallo de la Corte
Internacional de Justicia sobre los nuevos límites marítimos con Nicaragua.
Cada día la prensa trae una nueva reacción emocional de la ministra Ángela Holguín
o de sus subalternos, improvisando sobre la marcha, según la intensidad de una
opinión inevitablemente afectada ante el hecho de que 75.000 kilómetros de mar
se le fueron a Colombia de las manos. El excanciller Julio Londoño Paredes, por
ejemplo, negociador nuestro en La Haya, quien el mismo día que se conoció la
sentencia empleó un lenguaje falsamente triunfalista al decir que “Colombia
obtuvo la soberanía territorial sobre el archipiélago” —algo que no estuvo en
juego nunca, pues la discusión era sobre delimitaciones marítimas—, se aparece
cuatro días después con la alarma de que “Nicaragua podría ir por más del
Caribe”.
Es necesario
que los lectores sepan que el gobierno anterior —el que por mayor tiempo manejó
ese asunto—, conoció de la probable derrota, aunque sin contársela al país y
quizás intuyendo la proporción de la misma, desde el mes de diciembre de 2007.
Y que trató por ese entonces de retirar su alegato ante la CIJ, sólo que lo
hizo con un día de tardanza según los reglamentos, por lo que el pleito
continuó su curso hasta las consecuencias que se conocieron esta semana. Que
por supuesto le otorgan a Nicaragua el derecho a que sus pescadores artesanales
—otro sería el cuento si hubieran sido barcos de pesca industrial—, no sean expulsados
más de esa zona por la Armada colombiana y a que sea el Gobierno de acá el que
tenga que intentar el mismo arreglo que siempre le negó a ese país, al que
arrinconó por siglos en la estrechez del meridiano 82. Es como si los
colombianos no supieran que la Costa Atlántica de Nicaragua se encuentra apenas
a 135 kilómetros de San Andrés, mientras que nuestro archipiélago dista de
Cartagena 800 kilómetros.
De modo que
hace cinco años ya estaba cantada la sentencia que le impediría a Colombia
seguirse moviendo con holgura por esas aguas. Fue por eso que hace siete meses
nuestra ministra, pensando más con el deseo que con la lógica implacable de las
leyes internacionales, se permitió decir en público que posiblemente el fallo
sería “salomónico”, en lo que le falló el cálculo.
En lo que
importa con la política doméstica, no es justo que sea este gobierno el que
pague los platos rotos. Pero si lo está haciendo por algo será. Problema de él,
al que se le pasarán cuentas. En cuanto al gobierno anterior, parece dudoso el
rigor con que instruyó a los abogados —nombrados desde antes por Andrés
Pastrana—, o soportó su ineficiencia. Ahora, que si por buenos que fueran ahí
no había manera de ganar, no deja de ser perverso —nada de raro tiene eso
conociéndose de quien viene—, el haberse quedado mudo en 2007 a sabiendas de
que el problema reventaría quién sabe cuándo. Después de mí el diluvio.
En todo caso no
podemos aceptar que por encubrimiento a cualquier gobierno pasado, incluido el
de Pastrana —que está calladito y a quien nadie llama, al igual que a su
negociador y canciller Guillermo Fernández de Soto—, el actual presidente nos
convierta en una nación pirata.
De dónde acá,
además, el mandatario silencioso de 2007 —salvo en lo que fuera prometerle a
Ortega que respetaría el fallo de la CIJ—, anda ahora tan alebrestado incitando
a la guerra contra Nicaragua. La misma que confiesa no haber tenido tiempo de
declararle a Venezuela.
Y por qué hay
tantos colombianos con ínfulas de que somos imperiales. Uno sabe de dónde viene
eso, pero se resistía a aceptarlo.
Lisandro Duque Naranjo
El Espectador