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Enfermedad y jurisprudencia


Por: Lisandro Duque Naranjo

lisandroduque@hotmail.com

Como diciembre tiene la virtud de activarme el civismo que no alcanzo a ejercer en los once meses anteriores, haré algunas propuestas encaminadas a mermarle dramatismo a los problemas que importan con la salud en nuestro país.

El peor de ellos, sin duda, es el exceso de medicinas que el Plan Obligatorio de Salud (POS) les niega a los enfermos de las EPS, razón por la cual éstos deben interponer tutelas para obtenerlas. Con el agravante de que suele ser mayor el tiempo que le lleva a un juez pronunciarse sobre la justeza de un remedio, que el que el paciente resiste hasta cuando el mismo le es suministrado. El cuerpo no da plazos tan largos como los que se toman los pleitos.

Peor, pues, que los choques de trenes entre las ramas del poder público, es esa fusión forzada entre el mundo de las batas blancas y el de las togas oscuras, entre la enfermedad y la jurisprudencia. Eso es surrealismo puro. La concreción perversa y administrativa de lo que sobre lo bello expresó el Conde de Lautréamont: “Es el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, entre un paraguas y una máquina de coser”. Si el presidente Uribe leyera buenos poetas, esta sentencia le hubiera inspirado la Ley 100.

Menos mal que los porteros de los hospitales suelen conocer de oídas los productos farmacéuticos y los insumos materiales que les resultarán inevitables a quienes padecen ciertas dolencias, así que, sabiéndose de memoria lo excluido del POS, prestan el servicio de instruir a los angustiados parientes de los moribundos para que vayan primero a un juzgado. Supe de un vigilante que, calculándoles bajos recursos a quienes intentaban ingresar por urgencias a una víctima de un mal cardiovascular, les dijo: “Les advierto que si el paciente es sometido a cateterismo para angioplastia, lo más probable es que le receten anticoagulantes que no están incluidos en el POS, y les cuestan 300 mil del alma. En el mejor de los casos, porque si hay que ponerle un Sten, les vale más de cuatro millones. Yo de ustedes, pondría la tutela primero, porque o si no “paila”, concluyó sin sutileza poniéndose el índice en la yugular.

Ignoro si los andenes de las clínicas están llenos de expertos en redactar tutelas, con su respectiva mesita, máquina de escribir y sapiencia jurídica para interponer la acción con todas las de la ley. Sería lo correcto, de igual manera a como al frente de la DIAN hay quienes hacen declaraciones de renta al aire libre, cerca a las universidades establecimientos con fotocopiadoras, y en las inmediaciones del DAS locales en los que se toman fotos para pasaporte. Eso es lo que se llama conectividad.

Es obvio que la falta de asepsia en los juzgados —por tanto expediente empolvado que puede generar silicosis— desaconseja instalar salas de reanimación en esas dependencias. Además que Paloquemao podría saturarse de ambulancias, lo que dejaría de cama a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que luchan contra la congestión. No estaría mal, en cambio, que en los hospitales adecuaran cubículos de urgencias, con fallos rápidos de tutela, para devolver del túnel blanco a quienes son llevados in artículo mortis. Ya se verá qué se hace cuando empiecen a llegar allí también los radiopatrullas a buscarles terapia a los pacientes trabados por quebrantar la prohibición de la dosis mínima. No se puede resolver todo al tiempo.

Que asunto tan trágico no me lo he tomado a broma, lo prueban las siguientes declaraciones del doctor Rodrigo Córdoba, presidente de Sociedades Científicas, en El Tiempo del 15 de diciembre: “La atención de los enfermos no puede seguir mediada por una falta de claridad tal, que hoy son los jueces quienes determinan qué necesitan para recuperarse”. Y un recuadro del mismo periódico informando que en 2008 “los colombianos interpusieron 142.957 tutelas (un incremento del 33,7%, con respecto a 2007) exigiendo la prestación de servicios de salud”.