Por: Lisandro Duque Naranjo
lisandroduque@hotmail.com
En el debate sobre agro ingreso seguro, por una reglamentación absurda, le cortaron el sonido a piedad córdoba apenas en los preámbulos de su intervención.
Si me atengo a sus notas de puño y letra, así como a los documentos que tenía en su curul —de todo lo cual obtuve copia solicitándolo a su despacho, pues sus criterios y fuentes me inspiran credibilidad—, su discurso se hubiera remontado a los orígenes de una política que precede y trasciende la estadía del ministro Andrés Fernández, lo que convierte al pobre titular cuestionado en un gancho ciego, o cómplice tardío, de decisiones tomadas desde mayor altura y hace mucho rato ya.
Uno de esos documentos, el “Informe sobre políticas de drogas #27”, del “Transnational Institute” (Amsterdam, septiembre de 2008), de Moritz Tenthoff, es revelador en cuanto demuestra que el agua viene sucia desde la toma. Es decir, que el escándalo de las últimas semanas, lo de los regalos de plata a los ricos —incluido ese labriego de última hora que es Luis Carlos Sarmiento Angulo—, y la implantación de un modelo agrario empresarial que expulsa a los pequeños propietarios, o los elimina, o los convierte en peones de los cultivos de palma aceitera, no es más que el resultado de un proyecto que viene ejecutándose (en todos los significados del verbo) desde cuando el actual (hace ya seis años), y quizá próximo, Presidente fue Gobernador de Antioquia entre el 95 y el 97, tiempo en el que nació, con las Convivir, la simbiosis Mafia-Estado hoy en pleno apogeo.
El informe Tenthoff no por su lenguaje técnico prescinde de descripciones que causan espanto. Para que a esta columna tan breve no le ocurra lo mismo que a Piedad, me limitaré a citar apartes de su contenido, con una que otra glosa de mi cosecha:
“Uno de los motores del paramilitarismo ha sido el control de grandes extensiones de tierra (…) Según
En las notas de Piedad encuentro: “El Estatuto de Desarrollo Rural de 2006 permite legalizar el despojo de millones de hectáreas: a un paramilitar que hubiera hecho una compra de un bien en 1997, en 2007 la ley le reconoce validez a su título...”. Glosa mía: se sobreentiende que esa “compra” se hizo a precio de huevo y con una pistola en la nuca.
Sigue Piedad: “El Bloque Élmer Cárdenas, comandado por El Alemán, desplazó a más de cinco mil personas de las Cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó entre 1997 y 1999. Estoy hablando de tierras ancestrales que son de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y afrodescendientes”. (…) “El AIS no mejora el empleo en el campo: los cultivos de agrocombustibles generan un empleo por cada cinco hectáreas y además de despojar a los campesinos…” (a aquellos a quienes no masacra (glosa mía) “…los convierte en jornaleros a través de cooperativas que degradan sus condiciones laborales…”.
Cierro con Tenhoff: “El 90% de los recursos del Estado en esas regiones se les da a los desmovilizados de las AUC, y apenas un 10% se destina a quienes fueron sus víctimas. A éstas, se las nombra ‘familias guardabosques’, y se les descuenta de sus pagos de 600 mil pesos el 40% sin explicarles para qué”.
Esos desmovilizados no sólo continúan con sus prácticas intimidatorias, sino que tienen como socios a gamonales que les hablan al oído a alcaldes, concejales, parlamentarios, ministros y hasta al mismísimo Presidente (glosa mía).